Los Presidentes de las Organizaciones Empresariales de Iberoamérica, miembros de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), reunidos en la XXXIII Reunión en Cuenca-Ecuador, el 13 de noviembre de 2024, presentamos esta Declaración a los jefes de Estado y de Gobierno en la XXIX Cumbre Iberoamericana. Tras reflexionar sobre los desafíos políticos, económicos y sociales, especialmente los riesgos y las amenazas a la democracia y al desarrollo sostenible, planteamos las siguientes consideraciones y recomendaciones:
- No puede existir diálogo social sólido, ni aspirar a la paz social, en la medida en que no se garantice la existencia de instituciones democráticas fuertes que lo sostengan. El diálogo social basado en la cooperación tripartita constituye un instrumento clave para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad pública. No obstante, la fragilidad de las instituciones de diálogo social, así como de los espacios de diálogo, es una realidad común en la mayor parte de países de la región iberoamericana. Es fundamental garantizar una participación representativa del sector empresarial y el sector trabajador en espacios de diálogo, respetando su autonomía y evitando amenazas o interferencias. Solo así se pueden crear relaciones laborales estables y generar trabajo decente y empresas sostenibles.
- No es viable tener un entorno favorable para el desarrollo económico, si la democracia y el Estado de Derecho están en riesgo y bajo constante amenaza y no se aseguran los derechos fundamentales como la libertad de expresión, opinión, asociación, el derecho de propiedad y el respeto al rol de la iniciativa privada. La región sufre polarización política y retrocesos democráticos, agravados por crisis económicas y sociales, lo que ha llevado en muchos países a la estigmatización del sector empresarial, siendo el sector el responsable de la creación de empleo y de riquezas para la sociedad, poniendo en riesgo la estabilidad económica y social. Instamos a los gobiernos a proteger las instituciones democráticas, la pluralidad, así como el Estado de Derecho, garantizar la independencia de los poderes del Estado, respetar la propiedad pública y privada y respetar derechos fundamentales sin restricciones ni temor a represalias.
- El crecimiento económico y la recuperación social, la generación de entornos sostenibles para la inversión y el mejoramiento continuo de la competitividad, deben ser prioridades en nuestra agenda con un enfoque particular en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), visualizando también el aporte de las grandes empresas en la generación de empleo. Esto implica reducir barreras regulatorias, facilitar acceso al financiamiento y promover la colaboración entre ecosistemas empresariales y académicos. Debemos crear entornos económicos estables y predecibles para atraer capital y dar confianza a los inversionistas. Establecer políticas que reduzcan riesgos y refuercen la transparencia es indispensable. Solo así podremos constituirnos en una región de referencia en innovación, donde las empresas prosperen y contribuyan al bienestar de nuestras comunidades.
- Como región, es fundamental que evitemos reincidir en el proteccionismo. Este tipo de políticas perjudica la economía al restringir el crecimiento económico y disminuir la eficiencia en la producción. De acuerdo con estimaciones oficiales, en las economías abiertas de la región, estas políticas podrían disminuir el crecimiento anual entre un 1-2% del PIB debido a la reducción del comercio internacional. Los aranceles a las importaciones impactan sectores claves. El proteccionismo puede afectar la inversión extranjera directa (IED) hasta en un 25% del PIB. Para evitar el proteccionismo es necesario encarar políticas que promuevan la productividad y la competitividad a la par que corrijan las asimetrías y distorsiones que presentan muchas de las economías de la región.
- La deuda pública sigue siendo un desafío crucial para la estabilidad económica de la región. Esta limita la capacidad de los gobiernos para invertir en infraestructura, salud, educación y programas sociales. Es imperativo reducir la deuda, mediante mecanismos de eficiencia del uso de los recursos, de mejorar el control del gasto público y de garantizar la eficiencia del Estado, de esta manera se fortalece el sector privado como motor de inversión y productividad.
- La diversidad, la inclusión y la equidad de género son esenciales para el desarrollo económico y la competitividad. En América Latina, la participación laboral femenina es un 51.8%, frente al 74.4% de los hombres, limitando el crecimiento económico y la innovación. Para cerrar esta brecha, los gobiernos y empresas deben liderar políticas inclusivas, promoviendo la equidad en todos los niveles y sectores. Es crucial una agenda colaborativa que coordine esfuerzos ambiciosos y sostenidos entre el sector público y privado, que garantice el acceso a formación y liderazgo.
- Es importante reconocer que eventos climáticos extremos exponen a muchas empresas y economías a la interrupción de sus operaciones. Las políticas de cambio climático y de protección y conservación de la biodiversidad, deben anticiparse, pero también contemplar transiciones adecuadas que eviten la destrucción inmediata y masiva de puestos de trabajo. Hay grandes oportunidades para transformar el modelo productivo hacia uno más sostenible. Las políticas públicas deben contemplar mucho más financiamientos e incentivos fiscales para la compensación y para adoptar nuevas tecnologías, mejorando así la eficiencia y reduciendo la huella ambiental, pensando especialmente en las MiPyME, pilares de nuestras economías locales.
- La digitalización global, impulsada por la inteligencia artificial, representa un desafío económico para región Iberoamericana. Obstáculos como la desigualdad en el acceso a la tecnología, la falta de talento especializado y la ausencia de regulaciones claras limitan el avance. Estas tecnologías son esenciales para la productividad y el crecimiento sostenible. Para aprovechar las oportunidades, los gobiernos deben crear marcos regulatorios de uso responsable y ético de la inteligencia artificial, que atraigan inversiones, reduzcan la brecha digital y fomenten la capacitación en tecnología. En este sentido, es crucial contar con sistemas de educación adaptados al contexto actual y poner especial atención en la formación técnico profesional para afrontar los retos de la revolución 4.0. Nuestro principal recurso como región es el talento humano por lo que se deben fortalecer nuestros sistemas educativos para garantizar movilidad social ascendente.
- Uno de los desafíos más importantes de la región continúa siendo las persistentes altas tasas de informalidad, que en algunos casos llega a afectar hasta el 70% de la población económicamente activa. La informalidad, tanto de empresas como de los trabajadores, es un gran impedimento para el desarrollo socioeconómico de la región y, en lugar de mejorar, la situación parece empeorar. Esta situación se vuelve más compleja debido al avance de las actividades económicas ilegales y su alto impacto en la criminalidad, extorsión y sicariato que afecta a empresas, trabajadores y a la sociedad en su conjunto. A este respecto, hacemos un llamado a las máximas autoridades gubernamentales de la región para que diseñen, actualicen e implementen políticas y marcos regulatorios mucho más eficaces y menos burocráticos hacia el sector formal, que generen un entorno favorable para la creación y el desarrollo empresarial. Los gobiernos deben crear un entorno favorable para la inversión y promover la formalización, lo cual amplíala base tributaria y facilita que la formalidad sea el acceso a servicios financieros, contribuyendo así al desarrollo económico y al empleo formal.
- Las MiPyME son fundamentales para el crecimiento económico, la innovación y la inclusión social en la región Iberoamericana. Sin embargo, enfrentan obstáculos como trámites burocráticos, regulaciones complejas y acceso limitado a financiamiento. Es esencial simplificar normativas, ampliar el acceso a crédito y fortalecer un ecosistema emprendedor. Solo así podremos asegurar su desarrollo y fomentar una economía más inclusiva, dinámica y sostenible en la región.
- Los países deben intensificar la lucha contra la corrupción y mejorar la seguridad, adoptando medidas firmes para transformar sus sistemas administrativos. La corrupción socava la confianza pública y obstaculiza el desarrollo económico y la inversión. Es esencial mejorar la transparencia en la gestión pública con controles y auditorías, y sancionar prácticas corruptas. Instamos a los gobiernos a desarrollar iniciativas de gobierno abierto y acceso a la información para que los ciudadanos puedan monitorear el uso de los recursos públicos. Solo con un compromiso real con la transparencia y la transformación institucional, podremos construir sociedades más justas y equitativas basadas en la confianza y la integridad. De igual manera, los países deben redoblar sus esfuerzos por combatir el crimen organizado multinacional mejorando con ello la seguridad regional.
Las organizaciones empresariales de Iberoamérica estamos plenamente comprometidas con el lema “Innovación, Inclusión y Sostenibilidad” de la XXIX Cumbre Iberoamericana. Por ello, reiteramos nuestro llamado a los gobiernos para que desarrollen una colaboración más estrecha y basada en el diálogo social y la confianza entre el sector público y privado. Sólo así podremos construir una economía innovadora, inclusiva y sostenible que beneficie al conjunto de la sociedad.